Asalto de las transnacionales sobre la vida

El asalto que en estos momentos se está realizando sobre la vida (en nombre del “progreso” y de la “competitividad”) es una amenaza para nuestro porvenir y para el de nuestro planeta. Con la ayuda de la biotecnología (instrumentalización de lo vivo con el fin de obtener el máximo beneficio), el sector de las semillas ha quedado, desde hace quince años, bajo el control de un puñado de empresas transnacionales del sector químico-farmacéutico (Monsanto, Novartis, DuPont, Zeneca, Aventis...). Estas multinacionales gobiernan la evolución de la agricultura y, en gran parte, la de la alimentación, ya que el éxito de las innovaciones técnicas en la agricultura depende de la manera en que las plantas y los animales reaccionen a las manipulaciones genéticas.

Este factor genético ha permanecido hasta ahora, en gran parte, bajo el control de la investigación agronómica pública. Las compañías industriales que han impulsado la transformación de la agricultura en el siglo XX (mecanización, abonos químicos, fitosanitarios) preferían que fuera el sector público el que asumiera la tarea de adaptar las plantas, o los animales, a sus innovaciones. Ni a McCormick ni a International Harvester les interesaba consagrar una parte de sus recursos a la puesta a punto de variedades de maíz o de trigo adaptadas a la recolección mecánica. Por ello, en todos los países del mundo, la investigación agronómica pública ha realizado esta tarea esencial de adaptación, en realidad dictada por la agroindustria. Su papel principal -poco importa que todo esto se haya hecho en nombre del interés general, incluso en el de los campesinos- ha sido el de asegurar la eliminación de la explotación agrícola precapitalista. Su método, la mejora de plantas y animales.

La mejora de las semillas, por útil que sea, no era una fuente directa de beneficios: mientras las plantas y los animales se reproduzcan en las tierras del campesino, el capital del seleccionador no puede reproducirse en su balance económico. Pero la biotecnificación de la vida ha transformado profundamente esta situación. Su privatización conlleva, lógicamente, la privatización de la investigación pública. Los biólogos moleculares que reemplazan a los agrónomos tradicionales ya no tienen los escrúpulos éticos de estos últimos.

El objetivo final de estos nuevos "mercaderes de semillas" transnacionales es el de impedir por todos los medios que las plantas y los animales se reproduzcan en las tierras del campesino. Es decir, fabricar plantas y animales que sean estériles de una u otra manera. Esto no es nuevo, pero el capital que estos poderosos inversores han invertido en biotecnología desde hace una quincena de años les conduce a exacerbar su presión para confiscar la vida. Para que el capital viva, es necesario esterilizar lo vivo. La mortífera política económica de nuestra sociedad, junto con la voracidad financiera de los accionistas, impone ahora este objetivo con urgencia.

De esta forma, la biotecnología Terminator (que Monsanto compró inmediatamente) permite modificar genéticamente las plantas de manera que, cuando alcancen la madurez, ellas mismas destruyan su propio germen. Se introduce en la planta un sistema genético complejo (transgenes, es decir, genes provenientes de otras especies) que funcionan con el mismo principio que una mina antipersonal: un dispositivo de neutralización (un gen represor), un detonador (un gen promotor) y un explosivo (el gen que produce la toxina suicida). Terminator funciona así: antes de ser vendidas, las semillas se empapan en un baño de tetraciclina -aunque existen muchos métodos de activación- para “acerrojar” el sistema. En este momento, el detonador (el promotor) entra en contacto con el explosivo (el gen que produce la toxina). La llegada de la planta a la madurez pone en funcionamiento al promotor, que a su vez pone en funcionamiento al gen productor de la toxina, que mata al germen que se está formando. El grano que recoge el agricultor es biológicamente estéril.

Como subraya el director de producciones vegetales del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA), esta técnica -de la que se están patentando múltiples versiones- “ permite de esta manera una captación total de los recursos genéticos ”. La agricultura comenzó cuando nuestros antepasados empezaron a guardar una parte del grano recolectado para sembrar al año siguiente. Por ello, esta confiscación de la propiedad fundamental de los seres vivos -reproducirse y multiplicarse- representa el golpe de gracia a los campesinos y a la agricultura. Lo que la reemplazará seguirá llamándose “agricultura”, de la misma forma que seguimos llamando “ganadería” (e incluso subvencionamos) a las fábricas de cerdos flotando sobre un mar de deyecciones. Así pues, algunas transnacionales están adquiriendo, sin ningún control salvo el de los “mercados” a los que ellas mismas dan forma, un poder exorbitante sobre nuestros recursos alimenticios y sobre nuestras vidas, en los países industrializados y en los del Tercer Mundo.

Terminator es una necrotecnología tan repugnante que la actual campaña internacional para su prohibición quizás consiga ilegalizarla. Pero el árbol no debe esconder el bosque. La utilización de patentes permite alcanzar el mismo objetivo que Terminator. Los Estados Unidos son un buen ejemplo. Cuando un agricultor norteamericano quiere utilizar semillas de Monsanto modificadas genéticamente y patentadas debe comprometerse, por contrato, a no sembrar el grano recolectado. Si el agricultor ha conseguido estas semillas sin firmar ningún contrato, por ejemplo a través de vecinos, lo que es una práctica habitual, Monsanto puede perseguirlo judicialmente, ya que estas semillas están patentadas. Sin embargo, el agricultor tenía la seguridad de que su costumbre de sembrar el grano recolectado era un derecho. Pero, según Monsanto y la bioindustria, este derecho se aplica a las semillas obtenidas mediante métodos ordinarios de selección, ¡y no a las semillas modificadas genéticamente y patentadas!

De esta manera, la patente se vuelve contra el agricultor, contra la facultad de plantas y animales de reproducirse, contra la vida y, por consiguiente, contra cada uno de nosotros. De la misma forma que el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) buscaba proteger a los inversores contra los riesgos económicos, la patente, que hace a las plantas y a los animales legalmente estériles, los protege de la desgraciada facultad de reproducirse que tienen los seres vivos. Las patentes representan un estímulo formidable a la generalización de las técnicas de transgénesis , en detrimento del trabajo de mejora de plantas y animales con métodos disponibles y eficaces, pero excluidos, por ahora, de privilegios particulares.

A título de ejemplo, Monsanto invita a los agricultores a denunciar a sus vecinos “piratas” y pone a su disposición una linea telefónica gratuita de delación. Las patentes son un Terminator legalizado, con la inmensa ventaja de evitar a las transnacionales la realización de estas complejas transgénesis de esterilización biológica, ¡y de hacer pagar al contribuyente-ciudadano los costes de su propia expropiación! En resumen, las patentes permiten, ellas también, “ una captación total de los recursos genéticos ”.

Simultáneamente, el mismo sector de las semillas organiza la violación del ciudadano, al que intentar imponer el consumo, sin contar con su consentimiento, de productos provenientes de organismos genéticamente modificados (OGM), que él rechaza. Y los rechaza por dos razones legítimas: no le son de ninguna utilidad y le hacen correr riesgos a largo plazo. Los científicos, en su gran mayoría, se oponen a la utilización masiva de estas técnicas mal controladas, que no han pasado ninguna evaluación de sus riesgos sobre la salud y que introducen en nuestro medio ambiente un nuevo peligro: la contaminación genética de la cual, una vez el mal está hecho, nadie sabe cómo deshacerse.

Fabricar quimeras genéticas, tales como las plantas-pesticidas o herbicidas (dos tercios de los OGM actuales) significa acelerar el movimiento hacia una agricultura y una alimentación aún más industriales, factores de la progresión alarmante de enfermedades como la obesidad (una cuarta parte de la población de los Estados Unidos), el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Significa dar la espalda a la agricultura sostenible y al respeto a la biodiversidad. Significa agravar la contaminación química. Significa continuar con la anunciada destrucción de puestos de trabajo en la agricultura y del extraordinario patrimonio que hemos heredado.

Resulta inquietante que el Parlamento Europeo y el Consejo, actuando en el marco del proceso de codecisión, hayan adoptado, en julio de 1998, una directiva (98/44/CE) relativa a la “protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”. Los Estados miembros deberán adaptar su legislación a esta directiva antes del 30 de julio del año 2000.

El 21 de octubre de 1998, el gobierno de los Países Bajos presentó un recurso contra el Parlamento y el Consejo ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pidiendo la anulación de dicha directiva. Algunos de los argumentos presentados por La Haya son de orden jurídico, pero también hay argumentos de fondo. El recurso menciona en particular la violación de la convención sobre biodiversidad y la violación de derechos humanos fundamentales: “ Bajo el régimen de la directiva 98/44/CE, será posible patentar elementos aislados del cuerpo humano. Una instrumentalización de este tipo de la materia viva humana es un atentado contra la dignidad humana ”. Italia, y Noruega -en calidad de miembro del Espacio Económico Europeo (EEE)-, también han presentado recursos contra esta directiva, pero argumentando principalmente que su adopción debería realizarse por unanimidad, en virtud del artículo 235 del tratado CE, y no por mayoría cualificada, según los términos del artículo 100 A de dicho tratado.

En estos momentos los servicios jurídicos del Parlamento y del Consejo están elaborando para el Tribunal de Luxemburgo una memoria en defensa de la directiva, confiando en que el Parlamento elegido el pasado 13 de junio no piense retractarse de la decisión tomada en 1998. Según algunos funcionarios esta acción traería consigo un embrollo político-jurídico. En cuanto al gobierno francés, lejos de ser neutral, ha ordenado preparar una memoria de defensa de la directiva al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y a la dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En ambos casos, se ha entregado el dossier a “técnicos”; los cargos electos han sido mantenidos a distancia. Es de suma importancia que éstos tomen cartas en el asunto y, esta vez, con pleno conocimiento de causa. Entre otras razones porque la esperanza, apenas ocultada, de los defensores de las patentes sobre la vida es que, como el recurso no es suspensivo, la directiva ya haya sido transpuesta a las legislaciones nacionales en el momento en que el Tribunal de Justicia haga pública su postura. Entonces ya será demasiado tarde para dar marcha atrás...

La Comisión Europea, que había preparado el texto votado por el Parlamento y el Consejo, tampoco se queda atrás. También va en auxilio de la directiva, con una memoria presentada al juez de Luxemburgo. Ni la Comisión ni la mayoría de los gobernantes de la Unión parecen darse cuenta de que están organizando el asalto planetario de un puñado de transnacionales sobre la vida, es decir, sobre nuestro porvenir biológico y sobre el de este planeta. ¿Acaso son conscientes del carácter grotesco de la directiva 98/44/CE? De la misma manera que el sol brilla en el cielo, las plantas y los animales se reproducen y se multiplican. Esta es, incluso, la propiedad fundamental de los seres vivos. ¡Qué desgracia! Tengamos cuidado: según esta lógica, pronto nos obligarán a sellar nuestras puertas y ventanas para permitir a los vendedores de velas luchar contra la competencia desleal del sol. Y todo esto, ¿para qué? ¡Para estimular las inversiones de un cartel de transnacionales especializadas en quimeras genéticas que los agricultores y el público en general rechazan!

En todo caso, esta dimensión ha sido completamente ignorada por la dirección del INRA y por sus ministros de tutela, que acaban de celebrar el “ matrimonio de la informática y la biología ” lanzando con gran fanfarria el programa Genoplante de “ fabricación de la propiedad industrial ”, es decir, de patentes. El propio responsable operativo de Genoplante invita a los investigadores a participar en “ la guerra económica ”. Este programa, que va a disponer de dos plataformas tecnológicas (Evry y Montpellier) y de un presupuesto de 1,4 millardos de francos (35 millardos de pesetas) durante 5 años, asocia en una agrupación de interés científico (GIS), llamada a transformarse en una agrupación de interés económico (GIE), a organismos públicos de investigación (además del INRA, el CIRAD, el IRD y el CNRS) y a empresas privadas. Todo ello en beneficio principalmente de éstas últimas que, aunque solo pongan sobre la mesa el 30% de la financiación, cuentan con mayoría en los órganos de decisión: el “comité estratégico” de Genoplante lo forman el director general del INRA (que fue miembro del consejo de administración de Rhône-Poulenc Agroquímica entre 1989 y 1994), el director general de Rhône-Poulenc Agroquímica y el presidente de Limagrain, que mantiene estrechas relaciones con Rhône-Poulenc.

Genoplante subcontratará una parte de sus trabajos mediante concursos públicos. Los laboratorios a los que se habrá arrebatado una parte de sus créditos para financiar el GIS deberán firmar contratos con dicha agrupación para sobrevivir. Es la captación del servicio público de investigación por parte de intereses privados. Los promotores de Genoplante están sustituyendo una globalización no mercantil de los recursos genéticos y de los conocimientos para el bien común de la humanidad por la cartelización mercantil y la “guerra económica”. Nos encontramos frente a una formidable regresión.

Las transnacionales que se proclamadan de las “ciencias de la vida” han declarado la guerra a lo vivo, a los agricultores y a los campesinos; han declarado la guerra a la humanidad. Nosotros nos oponemos a estas amenazas sobre nuestra libertad. Nosotros nos oponemos a que del campesino se haga un “pirata”. Nosotros nos oponemos a la sociedad biototalitaria de las transnacionales y de sus aliados. Nosotros nos oponemos a la desnaturalización de los poderosos instrumentos de investigación fundamental de la transgénesis. Nosotros nos oponemos a esta guerra.

- la presentación de memorias al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas para apoyar la demanda de anulación de la directiva europea sobre la “protección jurídica de las invenciones biotecnológicas” efectuada por los gobiernos de los Países Bajos, Italia y Noruega.

- que pidan al gobierno francés, a la Unión Europea, y finalmente a la Organización de las Naciones Unidas, la solemne proclamación de un nuevo derecho humano: el derecho sobre la vida y los recursos genéticos en tanto que bien común de la humanidad, inapropiable por naturaleza y por cualquier otro medio.

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